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El paciente deberá confirmar al menos en cuatro momentos distintos que quiere una eutanasia

El paciente deberá confirmar al menos en cuatro momentos distintos que quiere una eutanasia
Eutanasia

La Comisión de Justicia del Congreso hace este jueves una primera criba de las enmiendas a la ley que quedan. Las encuestas dan un apoyo mayoritario a la regulación

10.12.2020 - Actualízate

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El proyecto de ley orgánica para la regulación de la eutanasia y la ayuda a morir (el suicidio asistido) llega este jueves a uno de sus días decisivos, aquel en el que la Comisión de Justicia decidirá qué enmiendas de las presentadas quedan vivas y cuáles no. Entre ellas, hay dos de PP y Vox que evitan regular la eutanasia y apuestan por promover los cuidados paliativos, como si fueran actuaciones antagónicas. También Ciudadanos presenta prácticamente una ley alternativa, pero en este caso también regulando la posibilidad de quitarse la vida. Por parte de los otros grupos, favorables a la norma, muchas enmiendas prácticamente todas son de carácter técnico o de mejora, por lo que no discuten las líneas básicas del proyecto se han transaccionado, y hay espacio para más”, dice María Luisa Carcedo, portavoz de Sanidad del PSOE, el partido que promueve la regulación.

 

El proyecto es “extremadamente garantista” y prevé que el proceso desde que el paciente solicita ayuda para morir hasta que la reciba dure “más de un mes”, en el que deberá confirmar su voluntad al menos cuatro veces, explica Carcedo. “Se trata de evitar que la decisión se tome en un calentón”, afirma la exministra de Sanidad. Eutanasia es que un médico aplique a un enfermo en una situación de grave sufrimiento irreversible medicamentos para provocarle la muerte. Suicidio asistido es facilitar al afectado los fármacos que deberán acabar con su vida, pero él será quien se los administre.

 

Es la tercera vez que el PSOE presenta una propuesta para regular la eutanasia. La primera, al final del último Gobierno del PP, fue rechazada. La segunda, decayó con la legislatura tras ser congelada en la Mesa del Congreso por PP y Ciudadanos. También Izquierda Unida intentó que se regulara, sin éxito. Esta vez, la mayoría que permitió la investidura de Pedro Sánchez, con el apoyo de Ciudadanos, ha dejado que siga adelante. Pero el debate está en la sociedad al menos desde que el tetrapléjico Ramón Sampedro intentara, sin éxito, que le ayudaran a quitarse la vida (su campaña comenzó en 1993 y concluyó en 1998, cuando se suicidó con el cianuro que le habían proporcionado). Desde entonces, han sido varios los casos de personas que han pedido ayuda para morir, bien por su propia mano (suicidio asistido), bien por la mano de un médico (eutanasia). El último caso, hecho público expresamente para impulsar este debate, fue el de la muerte de María José Carrasco, incapacitada por una esclerosis múltiple avanzada, que se quitó la vida en abril de 2019 con un medicamento que le suministró su marido, Ángel Hernández, quien está pendiente de juicio (la Fiscalía le pide seis meses de cárcel) por un supuesto delito de violencia de género.

La proposición de ley fija un calendario exhaustivo desde que el enfermo, que debe “sufrir una enfermedad grave e incurable o padecer una enfermedad grave, crónica e invalidante, solicita por primera vez por escrito la eutanasia. A los 15 días, debe volverlo a hacer, y dos días más tarde, el médico que le atienda le deberá explicar su situación proceso deliberativo, lo llama la ley, las alternativas terapéuticas y los cuidados paliativos que podría recibir, “asegurándose de que comprende la información que se le facilita”. Entonces, el paciente tendrá 24 horas para formarse una opinión y confirmar si quiere seguir con el proceso.

A continuación, el facultativo deberá exponer el caso a un “médico o médica consultor” (un segundo especialista ajeno al proceso), que en 10 días deberá trasladar el caso a la comisión de evaluación y seguimiento que se creará en cada comunidad (en el Ministerio de Sanidad, para Ceuta y Melilla) “por acuerdo de los respectivos Gobiernos autonómicos”. El presidente de este órgano tiene dos días para asignar el caso a dos de sus miembros, que en siete días deberán trasladar su propuesta de autorizar la eutanasia o el suicidio asistido. La resolución se comunicará “en el plazo más breve posible” al médico que la solicitó, que a partir de ahí deberá volver a hablar con el paciente para aplicarle (si es eutanasia) o proporcionarle (suicidio asistido) los medicamentos que van a quitarle la vida. Es obligación de los sanitarios seguir y acompañar al enfermo en este proceso.En cualquier momento, el afectado puede renunciar al proceso, y los distintos médicos implicados pueden rechazar la propuesta, en cuyo caso la ley establece el sistema para recurrir. Para personas incapacitadas, en vez de su conformidad, bastará que su representante acceda a la práctica en función de lo que ponga el testamento vital del afectado. En el caso de que los médicos prevean que el enfermo no va a sobrevivir al tiempo de la tramitación, se podrán acortar los plazos, dice la proposición. También se establece la objeción de los profesionales sanitarios a participar. La prestación se podrá recibir en un centro sanitario o en el domicilio.