Jueces del Tribunal Supremo se oponen a la reforma del pacto de investidura entre PSOE y Junts

Tras la sesión ordinaria de hoy, los jueces emitieron un comunicado expresando su negativa a la vigilancia de miembros del Congreso hacía ellos en busca de "lawfare"

Hace unas horas, el Tribunal Supremo de Justicia emitió un comunicado en respuesta a una de  las reformas de la Ley de Investidura pactado entre el PSOE y Junts. En este, se oponían al establecimiento de miembros del Congreso de los Diputados que vigilen a los del tribunal, para que estos no cometan lawfare. Pero ¿a qué se referían?

Lawfare es un vocablo inglés que deriva de las palabras law (ley) y warfare (guerra); traduciéndose literalmente como “guerra de ley”, aunque se prefieren traducciones como “guerra jurídica” o “instrumentación de la justicia". Esta palabra se refiere a una situación en la que una persona con poder político manipula las instituciones para causarle mal a su adversario. 

En este caso, el término es usado para referirse a los juzgados durante el Procés. Ambos partidos coinciden en que los jueces del Tribunal fueron influenciados de alguna manera por los opositores al movimiento para que condenasen a los líderes de este. Si bien dentro de este pensamiento se consideran los casos de la mayoría de los independentistas, quedan descartados algunos como los de Laura Borràs o la familia Pujol.

Durante la sesión ordinaria del órgano jurisdiccional, se debatió sobre esto y se publicó un informe al respecto. En este, se instaba que el Tribunal se dirigía a ambos partidos con unanimidad y en estos tres puntos:

1. <<Recuerda que el Estado de Derecho, en el que se fundan la Unión Europea y nuestro orden constitucional, exige el absoluto respeto a la división de poderes.>>
2. <<Afirma que el ejercicio de la función jurisdiccional se ajusta siempre a la legalidad, a la defensa de la Constitución y a la salvaguardia de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, en particular, de la igualdad en la aplicación de la ley.>>
3. <<Enfatiza la necesidad de preservar y garantizar la independencia judicial desde todas las instituciones. Ve incompatible con ella la fiscalización o supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado.>>

En resumen, se declaró que se respetase la autoridad y decisiones del tribunal y que, por la Constitución, no está permitido que nadie las controle. Esta decisión podría ser muy importante, pues si los jueces deniegan esto, es muy improbable que el pacto entre los partidos catalanes y el socialista se diese, pues tengamos en cuenta que llevan en negociaciones mucho tiempo y habrá costado mucho llegar a un acuerdo; con lo que la más mínima cosa que no se lleve a cabo podría hacer que Pedro Sanchez no fuese investido, forzando la repetición de elecciones.